Los presos ya no podrán cobrar planes sociales ni tener celulares en las celdas. El Ejecutivo busca eliminar privilegios, promover el trabajo obligatorio y endurecer el régimen penitenciario.
El Gobierno nacional anunció una serie de medidas contundentes que marcarán un antes y un después en el sistema penitenciario argentino. Bajo el lema “La cárcel no es un hotel ni un recreo”, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este lunes que las personas condenadas penalmente dejarán de recibir planes sociales y no podrán tener celulares durante su estadía en prisión.
Estas decisiones forman parte del nuevo programa “Ocio Cero”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Justicia. La iniciativa apunta a erradicar el ocio carcelario, eliminar “privilegios inaceptables” y establecer un nuevo régimen de disciplina, esfuerzo y trabajo obligatorio para los internos.
Qué implica el plan “Ocio Cero”
El programa tiene como base la idea de que las cárceles deben dejar de ser espacios de comodidad o pasividad para convertirse en ámbitos de responsabilidad y reinserción. En ese sentido, el Gobierno busca que los presos sean parte activa del mantenimiento de las unidades penitenciarias y desarrollen tareas durante su condena.
Según explicaron desde el Poder Ejecutivo, el 5% de los internos podrá acceder a trabajos remunerados, principalmente en tareas de limpieza, mantenimiento y servicios generales. Sin embargo, la gran mayoría deberá realizar actividades obligatorias no remuneradas, como parte del funcionamiento básico de los penales.
Fin de los celulares en las cárceles
Uno de los puntos más sensibles del anuncio fue la prohibición del uso de teléfonos celulares por parte de los presos, una medida que ya está contemplada en la Ley de Ejecución Penal N.º 24.660, pero que hasta ahora no se aplicaba de forma estricta.
El Gobierno planea reforzar los controles tecnológicos y de seguridad con el objetivo de evitar que los detenidos mantengan comunicaciones desde sus celdas, muchas veces vinculadas con estafas telefónicas, amenazas o manejo de organizaciones delictivas.
Suspensión de planes sociales para personas condenadas
Otra medida clave del plan es la suspensión inmediata de los planes sociales para las personas que estén cumpliendo condena. El Ejecutivo sostiene que “los beneficios del Estado deben estar destinados a quienes realmente los necesitan” y no a quienes han sido condenados por la Justicia.
Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que se cruzarán bases de datos entre la ANSES, el Servicio Penitenciario y el Registro Nacional de Reincidencia para garantizar que ningún condenado penal siga cobrando subsidios, asignaciones u otros programas de asistencia.
Un enfoque de orden, trabajo y castigo
Con estas nuevas disposiciones, el Gobierno busca dar una señal clara a la sociedad: endurecer el régimen carcelario, reducir el gasto público en detenidos y avanzar hacia un modelo donde el trabajo sea el eje de la reinserción.
“La cárcel no puede ser un lugar donde las personas vivan mejor que afuera. El encierro tiene que implicar disciplina, orden y esfuerzo. No más privilegios. No más ocio”, señaló Adorni durante su conferencia de prensa en Casa Rosada.
Repercusiones
Las medidas generaron apoyo en sectores que reclaman mano dura contra el delito, pero también despertaron críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron sobre posibles violaciones a tratados internacionales en materia de condiciones dignas de detención.
No obstante, desde el Gobierno aseguran que el nuevo régimen se aplicará con estricta legalidad y respeto a los derechos básicos de las personas privadas de libertad, aunque sin tolerar abusos, privilegios o situaciones que desnaturalicen el sentido de la pena.