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La motosierra de Milei y Caputo terminó con el plan Procrear

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El Gobierno Nacional avanza con el cierre definitivo del programa Procrear. Mediante la Resolución 764/2025, el ministro de Economía Luis Caputo ejecutó la disolución del fideicomiso que sustentaba esta política pública y ordenó el traspaso de sus funciones y bienes. Con esta medida, uno de los últimos bastiones de acceso estatal a la vivienda queda desmantelado.

En el marco de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases, Caputo dispuso que el Banco Hipotecario continúe gestionando los créditos ya otorgados, mientras que las tierras sin uso efectivo regresarán a manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). A su vez, se instruyó la devolución de terrenos a provincias y municipios, y se ordenó el envío de los fondos recaudados por los préstamos al Tesoro Nacional.

El fin de una política habitacional histórica

El plan Procrear fue lanzado en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner como una iniciativa de desarrollo urbano, territorial y habitacional. A lo largo de los años fue adaptándose y coexistió con programas complementarios como Casa Propia, manteniéndose activo incluso durante la gestión de Mauricio Macri.

En noviembre de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado el cierre del programa, señalando que “Procrear dejará de existir tal como lo conocíamos”. Esa decisión se formalizó con el Decreto 1018/2024, y ahora se reglamenta con esta nueva resolución que implica la desaparición operativa del fideicomiso.

Qué cambia a partir de ahora

La resolución firmada por Caputo transfiere a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía la gestión de los bienes y convenios que aún estaban vigentes. Esto incluye la regularización de dominios, transferencias de terrenos y seguimiento de acuerdos con organismos estatales o provinciales vinculados a obras de vivienda.

El contrato con el Banco Hipotecario seguirá en pie para continuar administrando los créditos activos, aunque ya sin nuevos préstamos ni ampliaciones. Además, los fondos que se recauden a partir de ahora se destinarán directamente al Tesoro Nacional, luego de descontar los gastos operativos del banco.

Terrenos devueltos, posible privatización

Otro punto clave de la resolución es que los terrenos que no fueron usados para viviendas pasarán nuevamente a la AABE. Bajo la lógica del actual gobierno de La Libertad Avanza, esos espacios podrían ser puestos a la venta o destinados a otro tipo de desarrollo privado.

Incluso, se aclaró que las causas judiciales relacionadas con el fideicomiso disuelto quedarán bajo la órbita de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía, consolidando así el cierre total de la herramienta administrativa y financiera que daba sustento a Procrear.

Un programa con fuerte impacto social

Según datos oficiales, entre abril de 2021 y agosto de 2023 se otorgaron más de 65.000 créditos destinados a la construcción de viviendas a través de Procrear II. También se construyeron más de 4 millones de metros cuadrados, con impacto directo en la generación de empleo formal en el sector de la construcción.

Además, el 83% de las viviendas proyectadas fueron finalizadas, y el perfil de los beneficiarios reflejaba una fuerte orientación social: el 85% tenía menos de 45 años, el 52% tenía hijos a cargo y el 57% de los hogares estaban encabezados por mujeres.

El 62% de quienes accedieron a la vivienda propia lo hicieron tras haber alquilado, y el 85% tenía un empleo en relación de dependencia, según datos del programa Casa Propia.

Una política pública que ya es historia

Con la firma de Caputo y el respaldo del Ejecutivo, Procrear deja de existir como política de Estado. Lo que durante más de una década fue un instrumento para facilitar el acceso a la vivienda para miles de familias argentinas, queda ahora archivado como parte de un modelo que el actual gobierno considera obsoleto.

Mientras tanto, los créditos en curso seguirán su curso bajo gestión bancaria, pero ya no habrá nuevos llamados ni proyectos habitacionales impulsados desde el Estado Nacional.


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