Dos empleados del Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria Malvinas Argentinas, ubicado en Pablo Nogués, fueron desvinculados y denunciados penalmente por el presunto ingreso de drogas al establecimiento a cambio de dinero.
La causa quedó en manos de la UFI N.º 19 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del fiscal Ignacio Jaime García. Los hechos denunciados todavía deben ser acreditados judicialmente.
Cómo detectaron el ingreso de sustancias
Las actuaciones comenzaron a tomar forma en julio, cuando las autoridades detectaron la presencia de sustancias prohibidas dentro del establecimiento y comenzaron a analizar cómo llegaban al lugar.
Una de las modalidades bajo sospecha era la conocida como “paloma” o “palomita”, que consiste en arrojar paquetes desde el exterior por encima de los muros o alambrados.
Para intentar impedir esta práctica, se colocó una red de contención sobre uno de los patios. El 17 de septiembre, un paquete quedó atrapado en esa estructura y el episodio derivó en un conflicto dentro del módulo 2.
Según las actuaciones, el envoltorio contenía encendedores, papeles para armar cigarrillos, bolsas con polvo blanco y otros paquetes con hierbas, cuya procedencia no había sido determinada.
Qué declararon los jóvenes alojados
A partir de ese episodio, también se puso el foco sobre una posible participación de trabajadores del establecimiento.
Tres jóvenes alojados en el instituto realizaron declaraciones en actuaciones internas y señalaron a Martín Moreira y Marcos Nahuel Álvarez, ambos asistentes del módulo 2.
Según esos testimonios, los empleados habrían facilitado durante varios meses el ingreso de marihuana, cocaína y tusi a cambio de dinero.
Los adolescentes aportaron además dos videos grabados dentro del establecimiento, en los que reclamaban a los trabajadores por pagos que, de acuerdo con sus declaraciones, habían realizado para conseguir drogas que finalmente no habrían recibido.
Uno de los jóvenes también aseguró que existían transferencias mediante billeteras virtuales relacionadas con esas operaciones.
Estos señalamientos forman parte de las actuaciones y no están acreditados judicialmente.
Los empleados fueron desvinculados
El director del instituto formalizó la denuncia y posteriormente las autoridades provinciales ampliaron la presentación con los videos y las declaraciones reunidas.
Los tres jóvenes que declararon fueron trasladados a otros centros, con el objetivo de evitar eventuales represalias y preservar su integridad.
En paralelo, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia resolvió desvincular a Moreira y Álvarez, quienes formaban parte de la planta temporaria.
La Fiscalía solicitó sus legajos, antecedentes, cargos y destinos laborales para incorporarlos a las actuaciones.
Ahora resta establecer si efectivamente existió un mecanismo organizado para permitir el ingreso de drogas al instituto de Pablo Nogués, si hubo transferencias de dinero vinculadas con esas maniobras y si participaron otras personas.
Por el momento, las acusaciones contra los dos trabajadores continúan bajo análisis judicial y rige el principio de inocencia.
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