El dirigente del Partido Obrero amplió una presentación judicial contra Mercado Libre por las condiciones de determinados préstamos ofrecidos a través de Mercado Pago y Mercado Crédito. Pidió suspender provisoriamente los cobros mientras se investiga si podrían existir tasas y costos financieros desproporcionados.
Las condiciones de los préstamos ofrecidos por billeteras virtuales volvieron a quedar bajo la lupa judicial. El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano amplió una denuncia contra Mercado Libre por los créditos que se ofrecen a través de Mercado Pago y Mercado Crédito y solicitó que se suspenda provisoriamente el cobro de los préstamos alcanzados por su planteo.
La presentación cuestiona especialmente el costo financiero de determinadas operaciones y plantea que, bajo ciertas condiciones, podría existir una situación compatible con el delito de usura previsto por el Código Penal.
Pero hay una aclaración central: la denuncia no significa que la Justicia haya determinado que Mercado Libre cometió usura. Tampoco implica, por sí sola, que los usuarios hayan quedado autorizados a dejar de pagar sus préstamos. Esos puntos deberán ser definidos por la Justicia.
Qué denunció Gabriel Solano
Solano sostiene que determinadas condiciones de los créditos ofrecidos mediante Mercado Pago y Mercado Crédito podrían resultar desproporcionadas y pidió que la Justicia investigue si existe una conducta que pueda encuadrarse en el delito de usura.
El planteo se apoya en las tasas y costos financieros informados para determinadas ofertas de crédito. Según la documentación incorporada a la presentación, algunos préstamos pueden alcanzar una Tasa Nominal Anual (TNA) de hasta 249%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) de hasta 863,48% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de hasta 1.375,94%.
Estos porcentajes corresponden a determinados escenarios y no significan que todos los usuarios de Mercado Pago paguen esas tasas. Las condiciones de cada préstamo pueden variar según el producto, el monto, el plazo y el perfil crediticio del usuario.
Qué significan la TNA, la TEA y el CFTEA
Los tres conceptos no son equivalentes y no deben interpretarse como si fueran tres formas distintas de expresar exactamente el mismo costo.
La TNA es la Tasa Nominal Anual y funciona como una tasa de referencia anual que no refleja por sí sola el efecto de la capitalización.
La TEA, en cambio, incorpora el efecto de la capitalización de los intereses y permite dimensionar mejor el costo anual bajo esa metodología.
El CFTEA busca reflejar el costo financiero total anualizado de la operación, considerando los conceptos que correspondan según las condiciones del crédito.
Por eso, afirmar que un préstamo tiene un “interés de 1.375,94%” sería una simplificación incorrecta. Ese porcentaje corresponde al CFTEA máximo señalado en la presentación para determinadas condiciones, no a una tasa que necesariamente se aplique a todos los clientes.
Qué pidió Solano a la Justicia
El principal pedido de la presentación es que se suspenda provisoriamente el cobro de los préstamos cuestionados mientras avanza la investigación.
El objetivo planteado por el denunciante es evitar que continúe, durante el proceso, el cobro de créditos que considera potencialmente afectados por condiciones financieras desproporcionadas.
Sin embargo, este punto requiere una precisión fundamental: la suspensión es un pedido realizado por Solano y no una medida que haya quedado automáticamente vigente por la presentación de la denuncia.
Para que los cobros sean suspendidos, debe existir una resolución judicial que disponga esa medida y establezca a qué operaciones alcanza.
Por qué se habla de presunta usura
La presentación menciona el artículo 175 bis del Código Penal, que contempla el delito de usura en determinadas circunstancias.
La norma contempla situaciones en las que una persona se aprovecha de la necesidad, ligereza o inexperiencia de otra para obtener intereses u otras ventajas económicas que resulten manifiestamente desproporcionadas con la prestación realizada.
Solano sostiene que determinadas condiciones de los créditos podrían encuadrar en ese supuesto.
Pero esa es la hipótesis planteada por el denunciante. La existencia de una tasa elevada no determina automáticamente que exista usura desde el punto de vista penal. La Justicia deberá analizar las condiciones concretas de las operaciones, la información brindada a los usuarios y los demás elementos que surjan de la investigación.
¿Todos los clientes de Mercado Pago están alcanzados?
No necesariamente.
Uno de los puntos que deben evitarse al informar sobre esta denuncia es generalizar las condiciones de un determinado préstamo a todos los usuarios de la plataforma.
Las tasas pueden variar de acuerdo con el perfil crediticio, el monto solicitado, el plazo, el producto y las condiciones ofrecidas individualmente.
Por eso, una persona que tenga un préstamo de Mercado Crédito no puede asumir, solamente a partir de las cifras difundidas en la denuncia, que su operación tiene un CFTEA de 1.375,94%.
Para conocer el costo real de un préstamo hay que revisar la oferta concreta que recibió el usuario antes de aceptarla y la documentación correspondiente a la operación.
¿Hay que seguir pagando los préstamos?
La presentación judicial, por sí sola, no suspende las obligaciones de pago.
Mientras no exista una resolución judicial que disponga una medida diferente, los usuarios deben considerar que los compromisos asumidos continúan vigentes.
Por eso, no sería correcto dejar de pagar un préstamo únicamente porque se conoció la denuncia de Solano.
Si la Justicia eventualmente dispone una suspensión, deberá establecer qué créditos quedan alcanzados, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.
Qué puede pasar ahora
El próximo paso será la intervención de la Justicia sobre los distintos pedidos realizados en la presentación.
1. Rechazar la suspensión solicitada. Los cobros continuarían mientras la investigación sigue su curso.
2. Conceder una suspensión provisoria. El juez podría ordenar una medida con un alcance determinado sobre los créditos cuestionados.
3. Solicitar más información antes de resolver. La Justicia podría requerir documentación sobre los contratos, las tasas, la forma de cálculo de los costos financieros y las condiciones ofrecidas a los usuarios.
4. Continuar la investigación. La decisión sobre una eventual medida provisoria no necesariamente define el resultado final de la denuncia. Son cuestiones diferentes.
Qué deberían hacer los usuarios que tienen un préstamo
Mientras se define la situación judicial, quienes tengan un crédito de Mercado Pago o Mercado Crédito deberían conservar toda la documentación relacionada con la operación.
- El comprobante o contrato del préstamo.
- La oferta recibida antes de contratar.
- La TNA, TEA y CFTEA informadas.
- El monto solicitado.
- La cantidad y el valor de las cuotas.
- El monto total a devolver.
- Los comprobantes de los pagos realizados.
- Las comunicaciones recibidas dentro de la plataforma.
Esa información permite conocer cuál fue realmente el costo de cada operación y podría resultar relevante ante un eventual reclamo.
Una discusión que va más allá de Mercado Pago
El caso también vuelve a poner sobre la mesa una cuestión más amplia: el costo del crédito para quienes recurren a billeteras virtuales y otras alternativas de financiamiento.
Las fintech ampliaron el acceso al crédito para personas que, en algunos casos, tienen dificultades para obtener financiamiento mediante los canales bancarios tradicionales. Al mismo tiempo, las tasas pueden ser significativamente diferentes según el perfil de riesgo de cada usuario.
La discusión que ahora llegó a la Justicia plantea, por lo tanto, una cuestión que excede a una empresa puntual: hasta dónde puede llegar el costo de un crédito y en qué momento una condición financiera puede ser considerada abusiva o eventualmente delictiva.
Qué falta determinar
Por ahora, no existe una decisión judicial que determine que Mercado Libre o Mercado Pago cometieron el delito de usura a partir de los hechos denunciados.
Tampoco existe, por el solo hecho de la presentación, una suspensión general de los préstamos o de las cuotas de los usuarios.
El punto central será la respuesta de la Justicia al pedido de medida provisoria y, posteriormente, el resultado de la investigación sobre las condiciones concretas de los créditos cuestionados.
La denuncia de Solano abre así una nueva discusión sobre el costo del financiamiento digital en Argentina, pero la responsabilidad penal de la empresa y la eventual existencia de usura todavía deben ser determinadas judicialmente.
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